La mediación entre el menor infractor y la víctima ¿un mecanismo válido para resolver los conflictos de violencia de género en el sistema de justicia penal juvenil?

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Manuel José García Rodríguez (1) 

Profesor Ayudante Doctor Área de Derecho Penal. Departamento de Derecho Público. Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla

Diario La Ley, Nº 9908, Sección Doctrina, 8 de Septiembre de 2021, Wolters Kluwer

ÍNDICE

La mediación entre el menor infractor y la víctima ¿un mecanismo válido para resolver los conflictos de violencia de género en el sistema de justicia penal juvenil?

I. Introducción ¿qué ventajas puede ofrecer la mediación en el sistema penal de justicia juvenil?

II. Limitaciones a la mediación menor infractor-víctima en casos de violencia de género

III. Posibles soluciones extrajudiciales al fenómeno de la violencia de género en la ley de responsabilidad penal del menor

1. Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación

2. Revisión de la medida impuesta judicialmente

IV. Conclusiones

Comentarios

Resumen

Frente a la realidad del fenómeno de la violencia de género en las relaciones de pareja de jóvenes y adolescentes, el objetivo principal del presente trabajo es examinar y valorar las ventajas y límites que pueda presentar la mediación, como mecanismo de la justicia restaurativa, para resolver este tipo de conflictos entre el menor infractor y la víctima en el sistema penal de justicia juvenil. Así como las distintas posibilidades que para su desarrollo se ofrecen a la luz del texto de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

I. Introducción ¿qué ventajas puede ofrecer la mediación en el sistema penal de justicia juvenil? 

La respuesta a la violencia de género, cuando la misma se genera en el marco de las relaciones de pareja entre jóvenes y adolescentes, presenta unas características singulares con respecto a la ofrecida en la jurisdicción de adultos. Pues al dar lugar a la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LA LEY 147/2000) (LORPM (LA LEY 147/2000)), determinará para los autores de estos hechos comprendidos en su ámbito subjetivo —mayores de 14 y menores de 18 años— (art. 1.1 LORPM (LA LEY 147/2000)), un tratamiento diferente en su enjuiciamiento y en las consecuencias jurídicas derivadas de los delitos por ellos cometidos que se le puedan aplicar. El cual aunque haya de estar presidido por el interés superior del menor, entendemos que tampoco puede ignorar el interés de las víctimas en este procedimiento, tal como vienen demostrando las más recientes reformas legales registradas en nuestro ordenamiento jurídico, de la que es una clara muestra la Ley 4/2015, de 27 de abril (LA LEY 6907/2015), del estatuto de la víctima (LEVD), concediéndole también un mayor protagonismo en la justicia juvenil.

Sin embargo, más allá de la respuesta sancionadora-educativa que puedan merecer estos hechos relacionados con la violencia de género, debe destacarse que en el contexto de la LORPM (LA LEY 147/2000), los temas de la reparación del daño y conciliación del menor infractor con la víctima —en los que se incardina el procedimiento de mediación— revisten un especial interés. Como situaciones en la que en aras del principio de intervención mínima, y con el concurso mediador del equipo técnico, pueden dar lugar a la no incoación o sobreseimiento del expediente (art. 19 LORPM (LA LEY 147/2000)), o bien a la finalización del cumplimiento de la medida impuesta al menor (art. 51. 3 LORPM (LA LEY 147/2000)), en un claro predominio de los criterios educativos y de resocialización que entendemos han de primar en esta jurisdicción sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevención general y que pudieran resultar contraproducentes para los jóvenes de cara a su futuro.

De modo que este tipo de soluciones alternativas, en las que se encuadra la mediación como manifestación de la justicia reparadora o restaurativa, de conformidad a lo previsto en el articulado de la Ley —art. 18 (LA LEY 147/2000) y 19 LORPM (LA LEY 147/2000)—, pueden permitir dejar fuera del sistema aquellos ilícitos de menor gravedad y constituir una vía para dar satisfacción a los intereses tanto de la víctima, como del menor infractor, evitando la celebración del juicio, mediante la conciliación, reparación del daño o realización de determinadas actividades educativas extrajudiciales.

Una justicia reparadora, que es definida por la Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre (LA LEY 19002/2012), por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, apoyo y protección de las víctimas, como «cualquier proceso que permita a la víctima y al infractor participar activamente, si dan su consentimiento libremente para ello, en la solución de los problemas resultantes de la infracción penal con la ayuda de un tercero imparcial» (art. 2.1.d) (2) . Y de la cual se han puesto en valor las diferentes ventajas que puede ofrecer su aplicación en la jurisdicción penal de menores, no sólo para el menor infractor, sino también para las víctimas, la justicia y la comunidad en general (3) :

a) Para el menor infractor, al permitirle que pueda asumir la responsabilidad por sus propias acciones y sus consecuencias, facilitándole así la oportunidad de experimentar y adoptar otro tipo de actitudes y respuestas más positivas frente a las situaciones de conflicto que se le puedan presentar, previniendo de esta forma la aparición de nuevas conductas infractoras. A la vez que favorece su participación activa en el proceso de resolución del conflicto que él ha provocado, ofreciéndole poder compensar y reparar con su esfuerzo personal los daños y perjuicios que haya causado a la víctima (4) .

b) Para la víctimas, al ofrecerles también la oportunidad de participar en la resolución del conflicto que afecta a sus intereses, permitiéndoles la posibilidad de ser escuchadas y «tomar la palabra» (5) , estableciendo vías apropiadas para que de esta forma puedan recuperar la tranquilidad y paz perdida tras la infracción penal, y asimismo puedan ser reparadas y/o compensadas por los daños sufridos.

c) Para la Justicia, mediante la aplicación del principio de oportunidad dentro de los límites legales, en todos aquellos casos en que el menor manifieste su voluntad de reparar el daño causado a la víctima. Y promover nuevas formas de resolver los conflictos penales entre las partes afectadas, potenciando el restablecimiento de la paz social e incorporando a este ámbito de la justicia penal nuevos elementos reparadores y compensatorios en relación con las víctimas del delito.

d) Para la Comunidad, al permitir un acercamiento de la justicia a los ciudadanos y posibilitar formas ágiles y participativas para la resolución de los mismos, en la medida que también lo son de la comunidad. Dando a conocer a la sociedad otras formas de reacción de la justicia y de solucionar los conflictos de manera más cercana y útil.

II. Limitaciones a la mediación menor infractor-víctima en casos de violencia de género 

No obstante las ventajas apuntadas, que se predican de la mediación para ser aplicada en el ámbito de la jurisdicción de menores, debe señalarse que cuando la índole de los delitos investigados impliquen el empleo de la violencia o intimidación grave en el marco de las relaciones de pareja, como suele suceder también en el contexto de la violencia intrafamiliar entre hijos y padres (6) , esos referidos beneficios que pudieran ofrecer estos mecanismos de la justicia restaurativa se han cuestionado, restringiéndose su aplicación de forma residual para aquellas manifestaciones más leves o de carácter inicial de estos malos tratos.

De modo que en estas situaciones de malos tratos en la pareja, teniendo en cuenta que normalmente en ellas concurrirá esa violencia o intimidación, de conformidad al criterio mantenido por la Fiscalía quedará excluido en la práctica la posibilidad del desistimiento (art. 18 LORPM (LA LEY 147/2000)). Pues en este tipo de criminalidad, la mayoría de las agresiones llevadas a cabo por los menores se habrán de tipificar conforme al art. 153.1 CP (LA LEY 3996/1995) (lesiones), por leve que sea la violencia desplegada, y en el caso de que el menor hubiera ejercido intimidación que pudiera considerarse como una amenaza o coacción, aunque de carácter leve, se habría de acudir a los delitos de amenazas o coacciones previstos en los artículos 171. 4 (LA LEY 3996/1995) y 5, 172.2 (LA LEY 3996/1995) o 172 ter.2 del CP (LA LEY 3996/1995) (7) . Por lo que en definitiva, únicamente podría acudirse a dicho desistimiento, en aquellos supuestos de delitos leves de injurias y vejación injusta del art. 173.4 CP (LA LEY 3996/1995), en los que sí podría procederse al archivo del expediente.

Y en cuanto a la posibilidad de aplicar las soluciones extrajudiciales previstas en el art. 19 LORPM (LA LEY 147/2000) —sobreseimiento por conciliación o reparación—, también se consideran que habrán de ser excepcionales en los supuestos de violencia de género, debiéndose supeditar a un previo y riguroso estudio por parte del equipo técnico de las circunstancias concurrentes que las puedan justificar en el caso concreto. Pues tal como se manifiesta desde la propia Fiscalía «llevar a cabo una conciliación sin más, para este tipo de hechos, supondría transmitir a eventuales agresores juveniles el mensaje no ya sólo equívoco, sino peligroso, de que con un eventual perdón pueden arreglarse estas conductas» (8) . Lo que ha llevado a que se rechace su utilización en los procedimientos relacionados con la violencia de género, partiendo del principio de tolerancia cero que ha de regir en esta materia y considerar que «estas soluciones pudieran aproximar al menor infractor y a la víctima al ámbito de una reconciliación o reanudación de sus relaciones afectivas, siempre indeseable para la víctima y antipedagógica para el infractor» (9) .

No debiera descartarse a priori la posibilidad de utilizar medios para la resolución alternativa de los conflictos de violencia de género surgidos en el ámbito de las relaciones de pareja dentro del marco de la justicia juvenil 

Sin embargo a nuestro juicio no debiera descartarse a priori la posibilidad de utilizar estos medios para la resolución alternativa de los conflictos de violencia de género surgidos en el ámbito de las relaciones de pareja dentro del marco de la justicia juvenil. Pues compartiendo el criterio manifestado por CERVELLÓ DONDERIS, entendemos que la mediación se presenta como un instrumento capaz de aportar protagonismo y empoderamiento a la víctima y diálogo y reconocimiento de los hechos por parte del agresor, lo que en el caso de la violencia de género entre menores de edad puede ser especialmente adecuado no sólo para evitar el proceso judicial, sino para facilitar que con la ayuda del mediador se pueda alcanzar un acuerdo de contenido educativo mucho más eficaz que la mera imposición de la medida sancionadora-educativa y prevenir así futuras conductas en este ámbito (10) .

Razón por la cual, considerando además que la prohibición general de la mediación prevista en el art. 87.5 ter de la LOPJ (LA LEY 1694/1985) para los asuntos de violencia de género en la jurisdicción de adultos (art. 44 LOMPIVG (LA LEY 1692/2004)), no tendría aplicación en la jurisdicción de menores (11) , y pese a ser conscientes de su carácter excepcional en estos supuestos, no descartamos que la mediación pueda ser una fórmula para ser también aplicada a los mismos siempre que se garantice una posición de equilibrio e igualdad entre las partes que vayan a intervenir en ella. Un extremo que entendemos ha de obligar al equipo técnico a valorar no sólo el interés superior del menor en este tipo de procedimientos, sino también los intereses de las víctimas o el de sus representantes legales cuando éstas también sean menores de edad, como será frecuente en este tipo de casos, a la hora de participar en estas soluciones extrajudiciales.

Para lo cual, creemos que además se habrán de tener presentes las previsiones del actual estatuto de las víctimas del delito (art. 15 LEVD), que al regular el acceso a los servicios de justicia restaurativa, entre otros requisitos exige: 1º) reconocimiento por el infractor de los hechos esenciales de los que derive su responsabilidad; 2º) consentimiento del infractor y la víctima, tras recibir información exhaustiva e imparcial sobre su contenido, posibles resultados y procedimientos existentes para hacer efectivo su cumplimiento; y 3º) el procedimiento de mediación no entrañe riesgo para la seguridad de la víctima, ni exista peligro de que su desarrollo pueda causarle nuevos perjuicios. Con el fin de ofrecerles una serie de garantías mínimas a la hora de obtener una adecuada reparación material y moral de los daños y perjuicios sufridos por el delito, y evitarles nuevos riesgos para su seguridad derivados de su intervención en estos procedimientos restaurativos (12) .

Por todo ello, pese a las comentadas limitaciones y teniendo siempre presente el interés de las víctimas en estos casos, creemos en línea con lo sostenido por la Fiscalía que la mediación no debiera denegarse «para casos leves en que la relación estuviera rota, la conducta no se hubiera repetido y el menor infractor, reconociendo su responsabilidad, no hubiese vuelto a importunar a la ofendida» (13) . Pues puede llegar a ser muy beneficioso para ella en estos supuestos el evitar la celebración del juicio con las ventajas que puede conllevar esta solución a la hora de evitar su victimización secundaria, siempre y cuando el menor imputado asumiera el compromiso de no volver a aproximarse o comunicarse con la víctima y a realizar determinadas actividades educativas o formativas relacionadas con la infracción para evitar que en el futuro pueda repetir comportamientos similares con otras parejas.

III. Posibles soluciones extrajudiciales al fenómeno de la violencia de género en la ley de responsabilidad penal del menor 

Si pese a las cautelas y con las restricciones que hemos comentado, procediera aplicar algunas de las soluciones extrajudiciales previstas en el contexto de la LORPM (LA LEY 147/2000) para aquellos procedimientos incoados por violencia de género ante la jurisdicción juvenil, y en orden a distinguir las distintas consecuencias derivadas de su utilización, es oportuno que nos ocupemos de cada una de las posibilidades que en la misma se regulan. Para lo cual, nos referiremos en primer lugar al posible sobreseimiento del procedimiento por conciliación o reparación entre el menor infractor y la víctima (art. 19 (LA LEY 147/2000) y 27 (LA LEY 147/2000). 3 LORPM (LA LEY 147/2000)), y en segundo lugar a la posible revisión de la medida ya impuesta judicialmente al menor por conciliación (art. 51.3 LORPM (LA LEY 147/2000)).

1. Sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación 

Con relación a esta primera opción, en el contexto de la Ley se regula en el art. 19 LORPM (LA LEY 147/2000), al establecer que el Ministerio Fiscal podrá «desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos, y a la circunstancia de que además el menor se haya conciliado con la víctima o haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o al perjudicado por el delito, o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico en su informe». Para apostillar a continuación que dicho desistimiento únicamente será posible, cuando el hecho imputado al menor constituya un delito menos grave o leve, lo que es trasladable a los supuestos de violencia de género (14) .

Y en cuanto a quien habrá de desempeñar las funciones de mediación, estas son atribuidas al equipo técnico, que además de informar sobre la posibilidad de que el menor desarrolle dicha actividad reparadora o de conciliación con la víctima (art. 27. 3 LORPM (LA LEY 147/2000)), tras desarrollar esa labor también deberá dar cuenta al Ministerio Fiscal de los compromisos por él adquiridos y de su grado de cumplimiento (art. 19.3 LORPM (LA LEY 147/2000)). Si bien este sobreseimiento del expediente por conciliación o reparación entre el menor y la víctima, únicamente será posible tras comprobar la concurrencia de los siguientes presupuestos o condiciones (15) :

1ª) Que el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o leve. De forma que el Ministerio Fiscal podrá desistir de la continuación del expediente, atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos, y de modo particular a la falta de violencia o intimidación graves en su comisión (art. 19.1 LORPM (LA LEY 147/2000)) (16) . Razón por la cual como ya hemos comentado, cuando la índole del delito cometido afecte a las relaciones de pareja en el contexto de la violencia machista, no serán predicables las ventajas que para otros delitos menos graves ofrecen estas soluciones extrajudiciales en la justicia de menores (17) .

2ª) Las circunstancias personales, familiares y sociales del menor. Que serán valoradas por el Equipo Técnico (art. 19.3 LORPM (LA LEY 147/2000)), tras lo cual informará en interés del menor sobre la posibilidad de que éste efectúe una actividad reparadora o de conciliación, con indicación expresa de su contenido y finalidad (art. 27. 3 LORPM (LA LEY 147/2000)). Si bien a nuestro juicio, como ya hemos expresado, el interés de las víctimas tampoco debiera ser obviado en este tipo de asuntos a la hora de derivarlos a un programa de mediación.

3ª) Conciliación o compromiso de reparación del daño a la víctima. Que constituye el último de los requisitos a considerar, y se traduce en la necesidad de verificar que el menor infractor se haya conciliado con la víctima, asumido el compromiso de repararle el daño causado, o bien se haya comprometido a cumplir la «actividad educativa propuesta por el Equipo Técnico en su informe» (18) .

De modo que como expresamente dice el art. 19.2 LORPM (LA LEY 147/2000) se entenderá producida la conciliación «cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe ante la víctima, y ésta acepte sus disculpas» no admitiéndose que esta aceptación pueda ser matizada en un sentido moralista (19) , y por reparación «el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, seguido de su realización efectiva». Razón por la cual, tan sólo después de producida esa conciliación o cumplidos los compromisos de reparación asumidos, así como cuando ni una ni otra puedan llevarse a efecto por circunstancias ajenas a la voluntad del menor, el Ministerio Fiscal podrá dar por concluida la instrucción y solicitar al Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones (art. 19.4 LORPM (LA LEY 147/2000)) (20) . Lo que determina que aún sin apreciarse todos esos presupuestos y siempre que concurran razones de oportunidad, pueda adoptarse el sobreseimiento cuando el equipo técnico estimara en su informe «la conveniencia de no continuar la tramitación del expediente en interés del menor» (art. 27. 4 LORPM (LA LEY 147/2000)) (21) .

Un buen modelo a seguir es el desarrollado por el Departamento de Justicia de Cataluña que fue pionero en el desarrollo de alternativas como la mediación en nuestro país 

Y en lo relativo a cuáles son los principales trámites del procedimiento para llevar a cabo la mediación entre el menor y la víctima, encomendado como ya sabemos al equipo técnico, consideramos que puede ser un buen modelo a seguir el desarrollado por el Departamento de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que fue pionero en el desarrollo de este tipo de alternativas en nuestro país y que de acuerdo a las previsiones del art. 5 del Reglamento de la LO 5/2000 (LA LEY 147/2000) (RLORPM), distingue las siguientes fases (22) :

1ª) Fase previa, en la que el Ministerio Fiscal debe solicitar informe al equipo de asesoramiento técnico para que se pronuncie sobre la posibilidad de aplicación del programa;

2ª) Fase de contacto con las partes, en la que el mediador mantiene entrevistas con el menor, para informarle del programa y valorar su actitud e interés por reparar a la víctima, y por separado con sus padres o tutores, y caso de estimarlo posible se informará al Ministerio Fiscal;

3ª) Fase de aprobación, cuando el Ministerio Fiscal lo considere procedente, el programa se pondrá en contacto con la víctima para que se pronuncie sobre su participación en él; y

4ª) Fase de ejecución o de concreción del programa, manifestada la voluntad del menor y la víctima de participar en él, se realiza el encuentro entre ellos, en presencia de un mediador neutral, si bien puede haber casos en que no sea necesaria la participación de la víctima en el encuentro, atendiendo al grado de compromiso del menor y posibilidades de reparación efectiva.

Un programa al que también posteriormente se han sumado otras prácticas exitosas, como la desarrollada en la CA de Andalucía (23) , si bien en aquellas Comunidades donde se observasen graves déficits de recursos destinados a la aplicación del art. 19 LORPM (LA LEY 147/2000), también consideramos aconsejable que se pudiera impulsar la firma de convenios con Ayuntamientos, asociaciones y otras entidades que operen a nivel provincial (24) .

2. Revisión de la medida impuesta judicialmente 

De conformidad a nuestro texto legal, la segunda posibilidad en que se regula el acceso a la mediación entre el menor infractor y la víctima, viene recogido en el art. 51.3 LORPM (LA LEY 147/2000) desarrollado en los arts. 5.3 y 15 RLORLM. En el cual se contempla la conciliación realizada tras haberse dictado la sentencia, como un medio para conseguir la suspensión de la ejecución de la medida impuesta al menor, que podrá ser dejada sin efecto cuando el Juez «a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de duración de la medida ya cumplido expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos por el menor» (25) . Y aunque el texto legal se refiera de manera expresa únicamente a la conciliación, conviene interpretar ese término en un sentido amplio, incluyendo también a la reparación del daño (26) . E igual interpretación amplia debemos realizar en cuanto al alcance de sus efectos, que no sólo podrán producir el cese de la medida impuesta, sino abarcar también otras posibilidades de modificación de ella previstas en la Ley, o determinar una reducción de su duración o su sustitución por otra distinta (27) .

No obstante en relación a los presupuestos para llevar a la práctica la sustitución de la medida prevista en el art. 51.3 LORPM (LA LEY 147/2000), la Ley no establece ningún límite respecto de los hechos delictivos enjuiciados o a la gravedad de la medida impuesta, por lo que cabría aplicar esta posibilidad con independencia de aquellos, ampliándose de esta forma el ámbito de aplicación de la conciliación respecto de lo establecido en el art. 19 LORPM (LA LEY 147/2000) (28) , pese a que ésta pudiera venir motivada por la comisión de un delito grave o en cuya ejecución se hubiera empleado violencia o intimidación graves.

Y en cuanto a la competencia para acordar la suspensión de la ejecución de la medida en este caso, habremos de entender que ésta corresponderá al Juez que haya dictado la sentencia en primera instancia y competente por tanto para el control de su ejecución (art. 44.1 LORPM (LA LEY 147/2000)), el cual no podrá actuar de oficio sino a petición del Ministerio Fiscal o del letrado del menor. Aunque deberá ser considerada como una atribución potestativa de éste, al estar facultado para llevar algo más que un mero control de la concurrencia de los requisitos legales establecidos, y gozar de una amplia discrecionalidad a la hora de tomar su decisión (29) .

IV. Conclusiones 

Las ventajas destacadas en nuestro trabajo que pueden ofrecer las soluciones extrajudiciales para la resolución alternativa de los conflictos en el contexto de la justicia penal juvenil, cuando por la índole de los delitos cometidos impliquen el empleo de la violencia o intimidación en el marco de las relaciones de pareja, como sucede también en la violencia intrafamiliar entre hijos y padres, son cuestionadas, restringiéndose su aplicación de forma residual a las manifestaciones más leves o de carácter inicial de esos malos tratos.

Razón por la cual, en estas situaciones de violencia de género, teniendo en cuenta que normalmente en ellas concurrirá dicha violencia o intimidación, quedará excluido en la práctica la posibilidad del desistimiento (art. 18 LORPM (LA LEY 147/2000)). Ya que como se ha señalado por la Fiscalía, en este tipo de criminalidad, la mayoría de las agresiones llevadas a cabo por los menores se habrán de tipificar conforme al art. 153.1 CP (LA LEY 3996/1995) (lesiones), por leve que sea la violencia desplegada, y en el caso de que el menor hubiera ejercido intimidación que pudiera considerarse como una amenaza o coacción, aunque de carácter leve, se habría de acudir a los delitos de amenazas o coacciones previstos en los artículos 171. 4 (LA LEY 3996/1995) y 5, 172.2 (LA LEY 3996/1995) o 172 ter.2 del CP. (LA LEY 3996/1995) Por lo que en definitiva, únicamente podría acudirse a dicho desistimiento, en aquellos supuestos de delitos leves de injurias y vejación injusta del art. 173.4 CP (LA LEY 3996/1995), en los que sí podría procederse al archivo del expediente.

Y en cuanto a la posibilidad de aplicar las soluciones extrajudiciales previstas en el art. 19 LORPM (LA LEY 147/2000) —sobreseimiento por conciliación o reparación—, también se consideran que habrán de ser excepcionales en los supuestos de violencia de género, restringiéndose de conformidad con lo dispuesto en la LORPM (LA LEY 147/2000) para cuando se trate de la comisión de delitos menos graves o leves sin violencia o intimidación graves. Debiéndose supeditar en todo caso su aplicación a un previo y riguroso estudio por parte del equipo técnico de las circunstancias concurrentes que puedan justificarlas para el caso concreto.

Si bien no se deberá descartar nunca a priori esta posibilidad, al entender que la mediación se presenta como un instrumento capaz de aportar protagonismo y empoderamiento a la víctima y diálogo y reconocimiento de los hechos por parte del agresor, lo que en el caso de la violencia de género entre menores de edad puede ser especialmente adecuado no sólo para evitar el proceso judicial, sino para facilitar que con la ayuda del equipo de mediación pueda alcanzarse un acuerdo de contenido educativo mucho más eficaz y prevenir futuras conductas en este ámbito. Criterio este que también entendemos aplicable al supuesto de revisión de la medida impuesta judicialmente al menor por conciliación con la víctima, previsto en el art. 51.3 LORPM (LA LEY 147/2000).

Por ello, pese a las citadas limitaciones y teniendo siempre presente no sólo el interés superior del menor sino también el de las víctimas, entendemos que el recurso a la mediación no debiera descartarse para aquellos casos de violencia de género en que los hechos enjuiciados no fueran calificados con el carácter de delitos graves, en los que la relación entre las partes ya estuviera rota, la conducta no se hubiera repetido y el menor infractor, reconociendo su responsabilidad, no hubiese vuelto a importunar a la ofendida.

(1) 

Letrado del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Junta de Andalucía, en excedencia.

(2) 

Una versión anotada y concordada de la Directiva 2012/29/UE, 25 de octubre (LA LEY 19002/2012), puede ser consultada en GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J., Código de los Derechos de las Víctimas, TAMARIT SUMALLA, J. M. (Pról.) (3ª ed.) Ed. Instituto Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2019, pp. 229-260, en: http://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/publico/libros/derechoVictimas/ (Consulta: 15-07-2021).

(3) 

EQUIPO DE MEDIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, «La mediación penal juvenil en Cataluña», en La mediación penal, Colección Justicia i Societat, núm. 19, Ed. Generalitat de Cataluña, Departamento de Justicia, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Barcelona, 1999, p. 45.

(4) 

Destaca FUNES ARTIAGA, J. (Dir.), Mediación y justicia juvenil, Ed. Fundació Jaume Callís, Barcelona, 1995, p. 44, que aunque estos programas están fundamentalmente dirigidos al sujeto infractor, posibilitan la participación de todos los interlocutores implicados en el proceso judicial y educativo: el sujeto infractor, la víctima, la comunidad y la misma justicia.

(5) 

GIMÉNEZ-SALINAS I COLOMER, E., «La mediación penal y la reparación. Aproximación a un modelo», en La mediación penal, Colección Justicia i Societat, núm. 19, Ed. Generalitat de Cataluña, Departamento de Justicia, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Barcelona, 1999, p. 21.

(6) 

Circular 1/2010, de 23 de julio, sobre tratamiento desde el sistema de justicia juvenil de los malos tratos de los menores contra sus ascendientes, p. 20.

(7) 

Dictamen 7/2012, sobre criterios de actuación en supuestos de violencia de género, de la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores, p. 9.

(8) 

Dictamen 7/2012, sobre criterios de actuación en supuestos de violencia…, cit., p. 10.

(9) 

MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA, C., «La violencia familiar y de género ejercida por menores», en III Congreso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, p. 10, disponible en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Premios-y-Congresos/relacionados/La-violencia-familiar-y-de-genero-ejercida-por-menores (Consulta: 15-07-2021).

(10) 

CERVELLÓ DONDERIS, V., «Violencia de género juvenil: la necesidad de armonizar…», op. cit., p. 59.

(11) 

MOLINA CABALLERO, M. J., «Algunas fronteras de la Ley Integral contra la violencia de género: jurisdicción de menores y mediación», en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 17-24 (2015), p. 21, disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-24.pdf (Consulta: 15-07-2021).

(12) 

GARCÍA RODRÍGUEZ, M. J., «El nuevo estatuto jurídico de las víctimas del delito ante el sistema de justicia penal juvenil», Revista General de Derecho Penal, núm. 33, 2020, p. 28.

(13) 

Dictamen 7/2012, sobre criterios de actuación en supuestos de violencia…, cit., p. 10.

(14) 

MOLINA CABALLERO, M. J., «Algunas fronteras de la Ley Integral contra la violencia de género…», op. cit., p. 21.

(15) 

GIMENO SENDRA, V., «El proceso penal de menores», op. cit., p. 3, clasifica esos presupuestos en: a) Objetivos, que el hecho punible atribuido sea menos grave o leve, no haya sido violento, ni haya producido alteración del orden público o revele peligrosidad de su autor (en tales términos podría interpretarse el estándar «gravedad y circunstancias de los hechos» contenido en el art. 19.1); b) Subjetivos o voluntad de reinserción del menor, manifestada en la puntual reparación de la víctima con la solicitud de su perdón y en el voluntario cumplimiento futuro de las medidas rehabilitadoras, unido a la aceptación de aquel perdón por el perjudicado (art. 19.1 y 2); y c) Formales, mediación del equipo técnico, que informará al Ministerio Fiscal, quien solicitará del juez el sobreseimiento (art. 19.3 y 4).

(16) 

A juicio de SANZ HERMIDA, A. M., «La víctima en el proceso penal de menores», Anuario de Justicia Penal de Menores, núm. I, 2001, p. 205, el legislador ha querido distinguir claramente, de un lado el modo de comisión del hecho delictivo —sin violencia o intimidación graves (art. 19.1.I)—, y, de otro, la naturaleza del ilícito penal —delito menos grave o leve (art. 19.1.II), por lo que es preciso tomar en consideración conjunta ambos requisitos; sin embargo para DOLZ LAGO, M. J., Comentarios a la legislación penal de menores, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p. 163, no se exige inexcusablemente esa falta de violencia o intimidación graves, pues en el art. 19, se afirma categóricamente que «sólo será posible (el desistimiento) cuando el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o leve», sin añadir nada más.

(17) 

Dictamen 7/2012, sobre criterios de actuación en supuestos de violencia…, cit., p. 9.

(18) 

Según señala DOLZ LAGO, M. J., Comentarios a la legislación penal de…, op. cit., p. 164, para entender el significado de «actividad educativa» pueden servir de parámetro las definiciones de las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad y realización de tareas socio-educativas, expresadas en los apartados k) y l), respectivamente del art. 7.1 LORPM (LA LEY 147/2000) tras la reforma de este precepto operada por la LO 8/2006 (LA LEY 11674/2006).

(19) 

HERRERA MORENO, M., «La “conciliación menor-víctima” en el ámbito de la desviación juvenil: reflexiones en torno a su controvertida plasmación en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero (LA LEY 147/2000)», Anuario de Justicia de Menores, núm. IV, 2004, p. 434, pues como afirma la autora el peso del discurso moralizador puede suponer una quiebra del equilibrio proporcional que ha de guiar a este tipo de soluciones en el contexto de la Ley.

(20) 

Entiende SANZ HERMIDA, A. M., «La víctima en el proceso penal…», op. cit., p. 205, que en los casos en que sólo concurra la voluntad del menor, los principios rectores del sistema de justicia de menores, el principio educativo y el valor superior del interés del menor, necesariamente han de llevar también a esa solución de no tramitar el expediente, al considera que no se ha llegado al acuerdo «por causas ajenas a la voluntad del menor».

(21) 

GIMENO SENDRA, V., «El proceso penal de menores», op. cit., p. 3.

(22) 

DELGADO MARTÍN, J., «La mediación de la justicia de menores. Una experiencia positiva: Cataluña», Actualidad Penal, núm. 1, 5 al 11 de enero de 1998, pp. 21 y 22; y más ampliamente FUNES ARTIAGA, J. (Dir.), Mediación y justicia…, op. cit., pp. 47 y ss., EQUIPO DE MEDIACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, «La mediación penal juvenil…», op. cit., pp. 46 y ss.; AA. VV., El modelo de justicia juvenil en Cataluña, Colección Justicia i Societat, núm. 21, Ed. Generalitat de Cataluña, Departamento de Justicia, Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, Barcelona, 2000, pp. 25 y ss.

(23) 

Para un análisis detallado de la positiva experiencia desarrollada por la Asociación Andaluza para la Mediación y Pacificación de Conflictos en estrecha relación con la Fiscalía y Juzgados de Menores de Córdoba, y evaluación estadística de los expedientes derivados al programa en el período 2004-2009, vid.., ALTAMIRANO CARRILLO, A., «Mediación penal con menores. Un análisis desde la práctica», en ARMENTA DEU, T., OROMÍ VALL-LLOVERA, S. (Coords.): La víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa-América, Ed. Colex, Madrid, 2010, pp. 325-349.

(24) 

Fiscalía General del Estado, Conclusiones de las Jornadas de Delegados de Menores, Salamanca, 29 y 30 de octubre de 2018, p. 4.

(25) 

De este modo, como indican GRANDE SEARA, P., PILLADO GONZÁLEZ, E., La justicia penal ante la violencia de género ejercida por menores, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 173, el legislador introduce aquí un requisito de carácter «sancionador», cuya suficiencia debe ser valorada por el Juez atendiendo a dos condicionantes: por una parte, la existencia de conciliación entre el menor y la víctima; y, por otra, el tiempo de duración de la medida ya cumplido.

(26) 

CRUZ MÁRQUEZ, B., «La mediación en la Ley Orgánica 5/2000 (LA LEY 147/2000), reguladora de la responsabilidad penal de los menores: conciliación y reparación del daño», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 7-14 (2005), p. 11, en: http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-14.pdf (Consulta: 15-07-2021).

(27) 

TAMARIT SUMALLA, J. M., «La mediación reparadora en la Ley de responsabilidad penal del menor», en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., TAMARIT SUMALLA, J. M., GÓMEZ COLOMER, J. L. (Coords.): Justicia penal de menores y jóvenes (Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, p. 76, con arreglo a la lógica propia del principio de «quien puede lo más puede lo menos».

(28) 

SANZ HERMIDA, A. M., «La mediación en la justicia de menores», en GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. (Dir.) y SANZ HERMIDA, A.M., ORTIZ PRADILLO, J.C (Coord.): Mediación: Un método de ? conflictos. Estudio interdisciplinar, Ed. Colex, Madrid, 2010, p. 171.

(29) 

SANZ HERMIDA, A. M., Víctimas de delitos: derechos, protección y asistencia, Ed. Iustel, Madrid, 2009, p. 142, para quien no obstante dicha discrecionalidad deberá situarse dentro de los límites impuestos por el valor superior del interés del menor y el principio de proporcionalidad.